En los procedimientos de separación y divorcio, una de las cuestiones más delicadas es el uso de la vivienda familiar. Los tribunales deben decidir quién puede residir en el inmueble tras la ruptura y bajo qué condiciones; analizaremos la siguiente sentencia de uso de vivienda familiar y sus implicaciones prácticas tiene.

En este sentido la sentencia Sentencia núm. 641/2018 del TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Civil introduce un elemento muy importante al respecto que más tarde indicaremos.
El uso de la vivienda familiar es el derecho a residir en la casa donde convivía la familia antes de la separación. No implica propiedad, sino únicamente el disfrute del inmueble, normalmente en beneficio de los hijos menores o de la parte más necesitada de protección.

Según la sentencia, los jueces valoran:

  1. Interés superior de los menores.
    Siempre prevalece el bienestar de los hijos sobre cualquier otro factor.

  2. Titularidad del inmueble.
    Aunque la vivienda pertenezca a uno solo de los cónyuges, puede atribuirse su uso al otro si así se protege a los menores.

  3. Circunstancias económicas.
    Se tienen en cuenta ingresos, cargas hipotecarias y capacidad económica de cada parte.

  4. Duración del uso.
    El tribunal puede fijar un plazo o condicionarlo a que los hijos alcancen la mayoría de edad.

Las consecuencias prácticas de esto son que el cónyuge no adjudicatario puede verse obligado a abandonar el domicilio. La atribución de la vivienda no afecta a la propiedad que sigue perteneciendo a quién figure en el registro.

Sin embargo, esta sentencia indica que «la introducción de un tercero en la vivienda en manifiesta relación estable de pareja con la progenitora que se benefició del uso por habérsele asignada la custodia de los hijos (…) cambia el estatus del domicilio familiar (…). El derecho del uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancia que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto se conserve este carácter familiar (…) la introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza por servir en su uso a una familia distinta y diferente»

La demostración de estas nuevas circunstancias legitiman este tipo de investigaciones por parte de los detectives privados para que los afectados vean restablecidos sus derechos sobre el inmueble.

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