Importante sentencia del Tribunal Supremo (TS) para la unificación de la doctrina donde se corrige la inadmisión de la prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido de un trabajador (UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4877/2018; Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín; Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez; TRIBUNAL SUPREMO; Sala de lo Social; Sentencia núm. 817/2021).

Esta sentencia valida la prueba de videovigilancia presentada por la empresa contratante sobre un trabajador que había sido despedido por transgresión de la buena fe contractual, deslealtad y abuso de confianza; los hechos se captaron por el sistema de videovigilancia instalado, sistema cuya existencia era conocida por el empleado pero al cual no se le había informado sobre la finalidad y destino que se le podrían dar a las imágenes ni que estas pudieran ser utilizadas para el control de la actividad laboaral.

El Tribunal se basa en al Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STSDH -Gran Sala- 17 octubre 2019) y conocida como López Ribalda II así como en la STC 39/2016, 3 de
marzo de 2016 en la cual indica que si el trabajador conoce de la existencia de un sistema de videovigilancia no es obligatorio especificar la finalidad exacta de ese sistema de videovigilancia, del análises que el TS hace de esta sentencia, concluye que, sin realizar ahora mayores precisiones, el tratamiento de datos de carácter personal del trabajador consecuencia de la videovigilancia no requiere el consentimiento del trabajador del artículo 6 LOPD de 1999, pero sí del deber de información del artículo 6 LOPD de 1999.

Esta sentencia del TC reduce las exigencias informativas que se deben de facilitar al trabajador y que consisten en esencia en que conozca de la existencia de la videovigilancia.

La prueba de la reproducción de lo grabado por las cámaras de videovigilancia era, así, una medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada al fin perseguido, por lo que satisfacía las exigencias de proporcionalidad que imponen la jurisprudencia constitucional y del TEDH.

Es importante aclarar que, como también se indica en esta sentencia, el hecho de que se admita la prueba de videovigilancia no implica que se recurra a la Agencia de Protección de datos si se cree vulnerado alguno de los derechos recogidos en la Ley